El Gobierno salva el decreto de fondos europeos gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox

El rechazo de PP, ERC y Ciudadanos colocó contra las cuerdas al Ejecutivo, obligado a negociar acuerdos de última hora

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el representante de EH Bildu, Oskar Matute, este jueves. En vídeo, retransmisión en directo del pleno. MARISCAL (EFE) / CANAL PARLAMENTOv

El Gobierno logrará convalidar en el Congreso el decreto que regula la ejecución del multimillonario fondo europeo para la recuperación económica y social con la más extraña combinación política: el voto favorable de EH Bildu y la abstención de Vox, que ha sido decisiva.

El Ejecutivo se ha visto en un apuro, al borde de sufrir una derrota parlamentaria en un asunto crucial, como consecuencia de la brecha abierta con sus aliados de ERC por las elecciones catalanas y la candidatura a la Generalitat del exministro Salvador Illa y la decisión de Ciudadanos y el PP de votar en contra. Las elecciones catalanas y las distintas batallas parecen estar detrás todos los movimientos.

La batalla entre el PP y Vox por el liderazgo en la derecha es durísima, y en estos comicios se juegan su primacía en una comunidad clave. El PP se vio sorprendido con el voto del partido de Santiago Abascal, y se lanzó con todo. “Vox es un salvavidas para Sánchez”, clamó Teodoro García Egea, número dos del PP. Mientras, Vox defendía que su voto, que no se ha negociado con el Gobierno ni con el PSOE, es la “opción más sensata” para que los fondos europeos lleguen cuanto antes a los comerciantes y empresarios que los necesitan, tratando así de atraerse el favor de un sector clave en su electorado. Ciudadanos, que ya había votado “no” por vía telemática cuando llegó la sorpresa de Vox, se quedó también descolgado.

Los independentistas de ERC se descolgaron del grupo de aliados del Gobierno y ya el miércoles por la tarde anunciaron su voto en contra con el argumento de que el reparto de fondos europeos “está pensado a la medida de las grandes empresas”. En ese momento el Gobierno vio que tenía un problema muy serio y empezó a llamar a todos sus socios. Carmen Calvo, la vicepresidenta primera y máxima responsable de este decreto, puso toda la maquinaria en marcha para buscar apoyos. Llamó a todos. Buscó incluso la abstención de los cuatro diputados del PDeCAT, que podría haber salvado al Ejecutivo. Pero en plena campaña catalana esa opción era inviable. Nadie quería ser el salvador del Gobierno una vez que ERC se había salido de la mayoría. La opción de Ciudadanos, que otras veces salvó al Ejecutivo, se cerró rápido. Era un no. La abstención del PP se descartó también, a pesar de que estos fondos son fundamentales para las autonomías y los municipios donde gobierna. Los populares exigían un replanteamiento completo del decreto.

Casi a la desesperada, PSOE y Unidas Podemos buscaron apoyos de todos los grupos pequeños posibles. Y los encontraron en EH Bildu, PNV, Más País y otras formaciones más pequeñas. Pero aun así solo sumaban 172 de los 350 escaños de la Cámara. La derrota empezó a ser una posibilidad real, algo que habría supuesto un golpe durísimo no solo para el Ejecutivo sino para la imagen de España, que está en plena negociación con Bruselas por estos fondos. En Italia, el otro gran receptor del dinero europeo, el Gobierno ha caído precisamente por la batalla entre sus aliados por la gobernanza de este fondo, lo que da una idea de la importancia del asunto. En plena pandemia, con una crisis económica profunda, la gestión de los 72.000 millones de euros de ayudas europeas es la clave de la política para los próximos meses.

En ese sentido, la importancia de la votación era comparable a la de la prórroga del estado de alarma en plena pandemia, donde también el PP votó “no” en dos ocasiones y el Gobierno tuvo que recurrir a Ciudadanos, o a la de los recortes del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero en 2010, cuando el PP de Rajoy también votó en contra y puso en riesgo la votación, que finalmente se salvó con la abstención de CiU. Entonces incluso el banquero Emilio Botín intentó convencer a Rajoy de que al menos se abstuviera, pero no lo logró. El decreto salió adelante por un solo voto.

Si en 2010 todo giraba en torno a esos recortes, ahora, con la austeridad ya superada, todo lo hace en torno al fondo europeo. Y estaba a punto de no salir el decreto. Pero entonces llegó Vox y salvó al Ejecutivo con su abstención. La votación se conocerá esta tarde pero la suerte está echada ya con la votación telemática. El Gobierno supera así una situación muy comprometida con una confluencia totalmente imprevista: el apoyo de la izquierda abertzale y el consentimiento de la extrema derecha. Casi había que frotarse los ojos al ver a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, “agradecer muy especialmente a los grupos que han decidido ayudar a su país aunque sea de forma indirecta”, en clara referencia a Vox ―aunque sin citar su nombre― y al portavoz de este grupo, Iván Espinosa de los Monteros, presumir de su posición “sensata”.

Las negociaciones obligaron al Ejecutivo a hacer concesiones a los grupos que lo van a apoyar, todos con la advertencia de que es un respaldo crítico. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha explicado que el Gobierno se ha comprometido a negociar cambios durante la tramitación del decreto como proyecto de ley, ya que los abertzales, al igual que otras formaciones de izquierda, entienden que el plan tiene un sesgo favorable a las grandes empresas. Íñigo Errejón, portavoz de Más País, ha anunciado en Twitter que ha pactado con el Ejecutivo un “proyecto piloto” para estudiar una reducción de la jornada laboral, una de las medidas que más venía reclamando su formación política. Los otros grupos que han comprometido su apoyo son Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe.

Pero el frente de rechazo ha sido en esta ocasión muy amplio: PP, Esquerra, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, Navarra Suma, BNG y Foro Asturias. Todos coinciden en advertir de los problemas que puede causar la relajación de los controles administrativos y ambientales previstos en el decreto para agilizar la aprobación de proyectos. Los grupos nacionalistas denuncian además que el plan es “centralizador” porque reserva, según ellos, un papel secundario a las comunidades autónomas. Con este reparto de fuerzas, Vox ―que suele votar en contra de cualquier cosa que salga del Gobierno― tenía en su mano infligir una dura derrota al Ejecutivo y colocarlo en una incómoda posición ante Bruselas. Pero, rompiendo su costumbre, la fuerza de extrema derecha ha dado un alivio al PSOE al anunciarle que se abstendrá.

El PP ha cargado con dureza contra la formación de Santiago Abascal. “¿Se apunta Vox a la concentración de poder, al clientelismo y al riesgo de corrupción?”, ha escrito en Twitter la diputada Elvira Rodríguez, que ha sido la representante popular en el debate. En la misma red social, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha tildado el decreto de “peronista”.

Espinosa de los Monteros, en cambio, ha presentado su sorprendente postura como un ejercicio de responsabilidad. “Abstenernos es lo más sensato”, ha dicho el portavoz de Vox. “Cada día que pasa hay un comerciante que está cerrando. Queremos que las ayudas lleguen lo antes posible”.

El pleno ha arrancado con el debate sobre las medidas transitorias para adaptarse al Brexit que incluye otras cuestiones como la subida a 950 euros del salario mínimo. Otro de los platos fuertes de la jornada es el debate de las cuatro enmiendas a la totalidad a la proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos quieren evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos cuando se encuentre en funciones, como está desde hace ya más de dos años.

Durante la sesión también se abordarán otros cuatro decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre ellos el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor.

Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.

A efectos de actividad parlamentaria, enero es un mes inhábil, pero el Congreso ha previsto un pleno extraordinario para esta semana con el fin de examinar los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado año. Tres de ellos se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre: el plan de ayudas para la hostelería, comercio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.

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